Además, anunció la compañía, capaz de generar 175.000 pies cúbicos de gas diarios. El pozo Arrayán 1, está ubicado en el municipio de Aipe de ese departamento.
Este es explotado y operado directamente por la empresa, bajo un contrato suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos denominado Brisas-Loma larga-Dina-Potrerillo, en una extensión de 10.184 hectáreas.
Según las pruebas iniciales, el pozo, que tiene una profundidad de 11.000 pies (3,5 kilómetros) y está localizado en la formación geológica Caballos, arrojó petróleo de buena calidad (29 grados API) con cero por ciento de contenido de agua, lo que lo hace atractivo. Ahora la empresa procederá a hacer los trabajos correspondientes para calcular las reservas.
Arrayán 1 es el segundo pozo que resulta productor este año, de 7 que ha perforado por su cuenta Ecopetrol. El primero fue Tempranillo, ubicado también en el departamento del Huila y el cual se encuentra a unos 10 kilómetros del nuevo hallazgo, pero en otra formación. Tempranillo, cuyo descubrimiento se anunció el pasado mes de abril, arrojó una producción de 2.000 barriles por día.
Aunque Arrayán 1 es un pozo pequeño, ahora se iniciarán las pruebas extensas de producción para establecer otras características del campo y seguramente se realizarán nuevas perforaciones. De la misma forma comenzarán a realizarse los trabajos para la determinación del tamaño de las reservas del campo.
De esta forma Colombia ya cuenta con 5.000 nuevos barriles diarios de petróleo, si se tiene en cuenta la producción de 2.000 barriles que le corresponden a Ecopetrol por la participación en el 9,2 por ciento en el bloque K2, que adquirió esta semana en el Golfo de México, así como la de los dos nuevos hallazgos en territorio colombiano.
En la actualidad la producción de Ecopetrol de petróleo y gas asciende a 438.000 barriles equivalentes por día, de esa cifra 353.000 barriles corresponden a crudo. La producción total de Colombia ha sido de 572.000 barriles diarios promedio entre enero y julio de este año, según la ANH.
sábado, 6 de septiembre de 2008
Estándar europeo, elegido por la CNTV para la TV digital de Colombia, este jueves
La medida impactará el 93% de hogares del país. La decisión no sólo implica inversiones para la adopción del sistema ganador y para las empresas de TV, sino que tocará las finanzas de las familias.
Según se conoció, las primeras emisiones con la nueva señal digital se podrán disfrutar a partir del segundo trimestre del próximo año, cuando se prevé que los canales públicos y privados de televisión hayan avanzado en la construcción de una red con la nueva tecnología en las principales ciudades del país. Hay que recordar que una vez sea puesta en operación la señal digital se iniciará un período de transición -estimado en 10 años- en el que serán emitidas las imágenes tanto en el estándar analógico actual como en el nuevo. Al concluir este periodo se apagará la señal analógica. Para hacer esta migración tecnológica, los colombianos podrán comprar un decodificador que utilizarán junto a su televisor tradicional (analógico) o adquirir un televisor con el estándar incluido.
Costo para usuarios
Sin embargo, esto no implica que el cambio y los gastos nuevos en que se incurra para recibir la TV digital se tengan que asumir ya, pues el Gobierno tiene planeado un período de transición a diez años. De acuerdo con los cálculos preliminares realizados por la CNTV y los expertos del sector vinculados al proceso, la inversión mpínima que tendrá que realizar el país para dar este paso tecnológico se encuentra entre los 100 y 150 millones de dólares (190.000 a 284.000 millones de pesos).De hecho, esta cifra explica la razón por la cual el proceso de selección de un estándar estuvo precedido de siete viajes internacionales de los miembros de la CNTV -para conocer de primer mano las diferentes tecnologías de TV digital-, así como al desarrollo de 13 foros sobre el tema en 11 ciudades del país y decenas de reuniones en Colombia con los representantes de cada uno de los cuatro estándares. La ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, insistió ayer en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes que "esta es una decisión madura, un tema debatido y estudiado desde hace cerca de dos años, tiempo en el cual se hicieron pruebas técnicas y se desarrolló un proceso serio y participativo que tiene como única finalidad adoptar el estándar que más le convenga al país y que se ajuste a las necesidades y condiciones de los colombianos".Pero más allá de lo discutido que ha sido el tema y los beneficios que traerá al país, es claro que detrás de todo esto hay un negocio y son muchos los interesados en que el Gobierno tome una decisión hoy para emprender una nueva batalla con el fin de ganar los contratos que harán realidad la TV digital en los próximos años.
Javier León, gerente general de Motorola en Colombia, augura una avalancha de inversiones promovida, principalmente, por el propio Gobierno que deberá ser el primero en desembolsar los recursos para construir la red que emitirá la nueva señal digital.Al respecto, Julián Cardona, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), no duda en señalar que el desarrollo de esta red se llevará una importante tajada de los recursos que se han estimado para el proyecto y allí jugarán un papel clave proveedores de tecnología como Harris, Zenith, LG, Toshiba, NEC y Thomson. Eso por no hablar de las inversiones necesarias para llevar la TV digital al celular como Nokia-Siemens, Ericsson o Alcatel-Lucent.El ex viceministro de Comunicaciones, Germán González, asegura que el Gobierno debe tomar en cuenta en sus presupuestos si va o no a subsidiar los decodificadores.Según se conoció, los decodificadores básicos con el estándar japonés (nipo-brasileño) tienen un valor de 120 dólares (223.000 pesos), mientras que el europeo vale 26 euros (72.000 pesos) y el americano 30 dólares (56.000 pesos).Como si lo anterior fuera poco, hay que tener en cuenta las ventas de televisores. De acuerdo con una encuesta realizada por la CNTV, el 28 por ciento de los colombianos está dispuesto a cambiar de televisor por la llegada de la TV digital.El nuevo sistema también genera una expectativa en el escenario de los contenidos.Javier León de Motorola cree que en paralelo con la puesta en marcha del proceso de transición hacia la TV digital se debe trabajar en el desarrollo de plataformas de tipo interactivo que exploten las capacidades de la nueva red.Considera que la digitalización de la señal optimizará el espectro radioeléctrico y permitirá la llegada no solo de un tercer o un cuarto canal, sino de muchos más que podrán atender necesidades de los colombianos en frentes como la educación.
Redacción Tecnología
Según se conoció, las primeras emisiones con la nueva señal digital se podrán disfrutar a partir del segundo trimestre del próximo año, cuando se prevé que los canales públicos y privados de televisión hayan avanzado en la construcción de una red con la nueva tecnología en las principales ciudades del país. Hay que recordar que una vez sea puesta en operación la señal digital se iniciará un período de transición -estimado en 10 años- en el que serán emitidas las imágenes tanto en el estándar analógico actual como en el nuevo. Al concluir este periodo se apagará la señal analógica. Para hacer esta migración tecnológica, los colombianos podrán comprar un decodificador que utilizarán junto a su televisor tradicional (analógico) o adquirir un televisor con el estándar incluido.
Costo para usuarios
Sin embargo, esto no implica que el cambio y los gastos nuevos en que se incurra para recibir la TV digital se tengan que asumir ya, pues el Gobierno tiene planeado un período de transición a diez años. De acuerdo con los cálculos preliminares realizados por la CNTV y los expertos del sector vinculados al proceso, la inversión mpínima que tendrá que realizar el país para dar este paso tecnológico se encuentra entre los 100 y 150 millones de dólares (190.000 a 284.000 millones de pesos).De hecho, esta cifra explica la razón por la cual el proceso de selección de un estándar estuvo precedido de siete viajes internacionales de los miembros de la CNTV -para conocer de primer mano las diferentes tecnologías de TV digital-, así como al desarrollo de 13 foros sobre el tema en 11 ciudades del país y decenas de reuniones en Colombia con los representantes de cada uno de los cuatro estándares. La ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, insistió ayer en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes que "esta es una decisión madura, un tema debatido y estudiado desde hace cerca de dos años, tiempo en el cual se hicieron pruebas técnicas y se desarrolló un proceso serio y participativo que tiene como única finalidad adoptar el estándar que más le convenga al país y que se ajuste a las necesidades y condiciones de los colombianos".Pero más allá de lo discutido que ha sido el tema y los beneficios que traerá al país, es claro que detrás de todo esto hay un negocio y son muchos los interesados en que el Gobierno tome una decisión hoy para emprender una nueva batalla con el fin de ganar los contratos que harán realidad la TV digital en los próximos años.
Javier León, gerente general de Motorola en Colombia, augura una avalancha de inversiones promovida, principalmente, por el propio Gobierno que deberá ser el primero en desembolsar los recursos para construir la red que emitirá la nueva señal digital.Al respecto, Julián Cardona, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), no duda en señalar que el desarrollo de esta red se llevará una importante tajada de los recursos que se han estimado para el proyecto y allí jugarán un papel clave proveedores de tecnología como Harris, Zenith, LG, Toshiba, NEC y Thomson. Eso por no hablar de las inversiones necesarias para llevar la TV digital al celular como Nokia-Siemens, Ericsson o Alcatel-Lucent.El ex viceministro de Comunicaciones, Germán González, asegura que el Gobierno debe tomar en cuenta en sus presupuestos si va o no a subsidiar los decodificadores.Según se conoció, los decodificadores básicos con el estándar japonés (nipo-brasileño) tienen un valor de 120 dólares (223.000 pesos), mientras que el europeo vale 26 euros (72.000 pesos) y el americano 30 dólares (56.000 pesos).Como si lo anterior fuera poco, hay que tener en cuenta las ventas de televisores. De acuerdo con una encuesta realizada por la CNTV, el 28 por ciento de los colombianos está dispuesto a cambiar de televisor por la llegada de la TV digital.El nuevo sistema también genera una expectativa en el escenario de los contenidos.Javier León de Motorola cree que en paralelo con la puesta en marcha del proceso de transición hacia la TV digital se debe trabajar en el desarrollo de plataformas de tipo interactivo que exploten las capacidades de la nueva red.Considera que la digitalización de la señal optimizará el espectro radioeléctrico y permitirá la llegada no solo de un tercer o un cuarto canal, sino de muchos más que podrán atender necesidades de los colombianos en frentes como la educación.
Redacción Tecnología
Economia Hoy
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Grupos económicos abandonarán participación en negocios no estratégicos
Viernes, 05 de Septiembre de 2008. 10:25
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Empresarioas perciben soborno como practica comunen el sector empresarial
24 de Agosto de 2008
El dato resulta de la Primera Encuesta sobre Prácticas contra Soborno en Empresas Colombianas, de la Corporación Transparencia por Colombia y Universidad Externado de Colombia, hecha en ocho ciudades.
El estudio abarca a 537 pequeñas, medianas y grandes empresas, también revela que para los empresarios el pago de 'comisiones' es algo normal y que hacer contribuciones a políticos y dar regalos produce a la larga buenos frutos.
El informe, que se realizó en el segundo semestre de 2007 y se dio a conocer este jueves refleja la poca confianza que tienen los empresarios en sus colegas. El 48 por ciento cree que el soborno y la competencia están íntimamente ligados, y el 54 por ciento lo ve como una estrategia comercial para obtener mayor participación en el mercado. "Los empresarios sienten que si no usan las mismas herramientas pueden quedar relegados de los negocios. Por eso ven el soborno como una práctica más dentro del esquema", explica Alma Balcázar, coordinadora del estudio.
Entre los motivos de presión para dar u ofrecer sobornos, el 73 por ciento considera que están los engorrosos trámites y procedimientos ante entidades estatales y el 48 por ciento sostiene que también es un requerimiento de los servidores públicos para hacer "bien" su trabajo.
El estudio, cuyo objetivo era indagar el nivel de desarrollo de las prácticas empresariales para prevenir el soborno y motivar a los empresarios a implementarlas, indica que hay escasos controles internos en las empresas para prevenir el soborno. Al respecto, sólo el 36 por ciento dice realizar algún tipo de control para vigilar la procedencia y destino de pagos a terceros. "La encuesta evidencia que se requieren mejores controles internos y auditorías en las empresas para prevenir el soborno. Una práctica que, sin duda, es difícil de controlar", agrega Balcázar.
Como era de esperarse, el informe revela que las grandes compañías tienen mayores prácticas para prevenir el soborno y que las medianas y las pequeñas están más expuestas a ofrecer o recibir dádivas a cambio de beneficios. "Las grandes cuentan con mejores condiciones para implementar prácticas que prevengan el soborno y están más dispuestas a hacerlo, mientras que las medianas y las pequeñas todavía no se ven en esa onda", recalca Balcázar.
Sobre los canales de denuncia, el 37 por ciento de los empresarios señala que los empleados tienen todas las garantías para denunciar sin miedo cualquier irregularidad que encuentren en la compañía o en un proveedor. Un 22 por ciento de las empresas cuenta con canales de denuncia para terceros y el 31 por ciento incorpora lineamientos sobre prácticas antisoborno en las capacitaciones y comunicaciones internas.
Y en relación con sus representantes de ventas, el 32 por ciento de los directivos asegura que les da a conocer su posición de rechazo al soborno, frente a un 68 por ciento que pasó de largo por esta pregunta. "La primera condición de responsabilidad social para una empresa es ser transparente y eso implica que todo el proceso interno debe serlo", dice Balcázar. "Lo malo es que no son muchas las compañías que manifiestan contar con prácticas para prevenir el soborno", puntualiza.
Pero lo curioso es que aunque los empresarios perciben que el soborno es una práctica nefasta y la rechazan, solo un 11 por ciento tiene un programa estructurado para prevenirla y apenas un 25 por ciento se reserva el derecho de terminar un contrato ante un ofrecimiento o pago de un soborno por parte de los contratistas y proveedores. "Aquí se ve la doble moral de los empresarios. Por un lado ponen el grito en el cielo cuando hablan de corrupción y, por el otro, no reprimen las malas conductas y prefieren quedarse callados", dice Juan Rincón, analista económico.
Lo cierto es que este diagnóstico empresarial, primero que se hace en el país, prende las alarmas sobre una práctica que parecía exclusiva del sector oficial y demuestra que la empresa privada no es ajena a conjugar el verbo sobornar y, lo peor, hace poco esfuerzo para evitar pronunciarse.
El dato resulta de la Primera Encuesta sobre Prácticas contra Soborno en Empresas Colombianas, de la Corporación Transparencia por Colombia y Universidad Externado de Colombia, hecha en ocho ciudades.
El estudio abarca a 537 pequeñas, medianas y grandes empresas, también revela que para los empresarios el pago de 'comisiones' es algo normal y que hacer contribuciones a políticos y dar regalos produce a la larga buenos frutos.
El informe, que se realizó en el segundo semestre de 2007 y se dio a conocer este jueves refleja la poca confianza que tienen los empresarios en sus colegas. El 48 por ciento cree que el soborno y la competencia están íntimamente ligados, y el 54 por ciento lo ve como una estrategia comercial para obtener mayor participación en el mercado. "Los empresarios sienten que si no usan las mismas herramientas pueden quedar relegados de los negocios. Por eso ven el soborno como una práctica más dentro del esquema", explica Alma Balcázar, coordinadora del estudio.
Entre los motivos de presión para dar u ofrecer sobornos, el 73 por ciento considera que están los engorrosos trámites y procedimientos ante entidades estatales y el 48 por ciento sostiene que también es un requerimiento de los servidores públicos para hacer "bien" su trabajo.
El estudio, cuyo objetivo era indagar el nivel de desarrollo de las prácticas empresariales para prevenir el soborno y motivar a los empresarios a implementarlas, indica que hay escasos controles internos en las empresas para prevenir el soborno. Al respecto, sólo el 36 por ciento dice realizar algún tipo de control para vigilar la procedencia y destino de pagos a terceros. "La encuesta evidencia que se requieren mejores controles internos y auditorías en las empresas para prevenir el soborno. Una práctica que, sin duda, es difícil de controlar", agrega Balcázar.
Como era de esperarse, el informe revela que las grandes compañías tienen mayores prácticas para prevenir el soborno y que las medianas y las pequeñas están más expuestas a ofrecer o recibir dádivas a cambio de beneficios. "Las grandes cuentan con mejores condiciones para implementar prácticas que prevengan el soborno y están más dispuestas a hacerlo, mientras que las medianas y las pequeñas todavía no se ven en esa onda", recalca Balcázar.
Sobre los canales de denuncia, el 37 por ciento de los empresarios señala que los empleados tienen todas las garantías para denunciar sin miedo cualquier irregularidad que encuentren en la compañía o en un proveedor. Un 22 por ciento de las empresas cuenta con canales de denuncia para terceros y el 31 por ciento incorpora lineamientos sobre prácticas antisoborno en las capacitaciones y comunicaciones internas.
Y en relación con sus representantes de ventas, el 32 por ciento de los directivos asegura que les da a conocer su posición de rechazo al soborno, frente a un 68 por ciento que pasó de largo por esta pregunta. "La primera condición de responsabilidad social para una empresa es ser transparente y eso implica que todo el proceso interno debe serlo", dice Balcázar. "Lo malo es que no son muchas las compañías que manifiestan contar con prácticas para prevenir el soborno", puntualiza.
Pero lo curioso es que aunque los empresarios perciben que el soborno es una práctica nefasta y la rechazan, solo un 11 por ciento tiene un programa estructurado para prevenirla y apenas un 25 por ciento se reserva el derecho de terminar un contrato ante un ofrecimiento o pago de un soborno por parte de los contratistas y proveedores. "Aquí se ve la doble moral de los empresarios. Por un lado ponen el grito en el cielo cuando hablan de corrupción y, por el otro, no reprimen las malas conductas y prefieren quedarse callados", dice Juan Rincón, analista económico.
Lo cierto es que este diagnóstico empresarial, primero que se hace en el país, prende las alarmas sobre una práctica que parecía exclusiva del sector oficial y demuestra que la empresa privada no es ajena a conjugar el verbo sobornar y, lo peor, hace poco esfuerzo para evitar pronunciarse.
Definen nuevo trazado en tramo de la 'Ruta del Sol' que conectará al centro del país con la Costa Caribe
20 de Agosto de 2008
Con una longitud de 78,59 kilómetros, el tramo Villeta - Guaduero - Puerto Salgar es el trazado definitivo que se integrará al proyecto cuyas obras cuestan 2.500 millones de dólares.
Se trata de la alternativa propuesta por firmas independientes, coordinadas por la Corporación Financiera Internacional (CFI), y que remplazará el actual corredor vial que pasa por la población de Honda, en el departamento del Tolima.
Sin embargo, la construcción de la nueva vía incluye el mejoramiento de la carretera existente en el sector Guaduas -Honda.
El trazado definitivo permite mejorar las condiciones geométricas y reducir el tiempo de recorrido para los usuarios hasta el valle del río Magdalena.
En ese sentido, se calcula que la velocidad de diseño para este corredor, en el sector Villeta - Guaduero es de 80 kilómetros por hora y de 90 kilómetros por hora para el sector Guaduero - Puerto Salgar. En ambos casos son muy superiores a la velocidad promedio de la carretera actual (40 kilómetros por hora).
La obra comprende la construcción de 17 puentes, 21 viaductos, tres túneles y seis intercambiadores, de tal manera que se reduce la amenaza geológica, es menor la complejidad del proyecto y disminuye el tiempo de construcción (se haría en tres o cuatro años). También baja el impacto ambiental. A partir de la población de Guaduero se previó continuar con el trazado alternativo que inicialmente había propuesto la firma Commsa hasta el sitio denominado 'Y' de Ciénaga.
De acuerdo con el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego Henao, en los próximos días se resolverá el cierre financiero, de tal manera que los prepliegos estén listos en la última semana de septiembre y a mediados de noviembre se iniciaría la apertura de la licitación internacional para todo el proyecto.
"De abrir la licitación en noviembre, con todas las definiciones previstas, el proyecto podría estar iniciando obra en el 2010. Estamos resolviendo el cronograma de ejecución para un proyecto de esta naturaleza, pues es de mil kilómetros de dobles calzadas y discurre por zonas complejas", agregó Gallego Henao.
Los estudios técnicos contratados por la CFI, brazo financiero para el sector privado del Banco Mundial, se encargarán de establecer el plazo que en promedio tardará la construcción de todo el proyecto de la Ruta del Sol. Se calcula que demandaría entre ocho y diez años.
"El corredor seleccionado como línea base de la licitación tuvo buena acogida, unidad de criterio del mercado y de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Es el proyecto más importante de competitividad para el país", señaló el Ministro de Transporte.
Por su parte, el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo Ferrer, destacó el mecanismo utilizado para definir el proyecto. El análisis de las alternativas que existían al respecto incluyó los corredores previamente identificados a lo largo de la última década, entre otros el propuesto por el Invías en los años noventa, el corredor alternativo de Commsa y el trazado con viaductos sobre el Cañón del río Negro que proponía el Ministerio de Transporte.
"El corredor que se definió es importante porque finalmente evade de manera más seria los riesgos en materia geológica y facilita la construcción de la vía. Parase ser el más conveniente para el país", dijo el directivo gremial.
Cabe mencionar que el equipo de consultores técnicos de la IFC está conformado por la empresa española de ingeniería Euroestudios, la firma inglesa de ingeniería de transporte Steer Davies & Gleave, la empresa colombiana Incoplan, especializada en estudios socio-prediales y el consorcio colombo-español Ambiental Consultores-TAU-Sánchez Herrera.
Con una longitud de 78,59 kilómetros, el tramo Villeta - Guaduero - Puerto Salgar es el trazado definitivo que se integrará al proyecto cuyas obras cuestan 2.500 millones de dólares.
Se trata de la alternativa propuesta por firmas independientes, coordinadas por la Corporación Financiera Internacional (CFI), y que remplazará el actual corredor vial que pasa por la población de Honda, en el departamento del Tolima.
Sin embargo, la construcción de la nueva vía incluye el mejoramiento de la carretera existente en el sector Guaduas -Honda.
El trazado definitivo permite mejorar las condiciones geométricas y reducir el tiempo de recorrido para los usuarios hasta el valle del río Magdalena.
En ese sentido, se calcula que la velocidad de diseño para este corredor, en el sector Villeta - Guaduero es de 80 kilómetros por hora y de 90 kilómetros por hora para el sector Guaduero - Puerto Salgar. En ambos casos son muy superiores a la velocidad promedio de la carretera actual (40 kilómetros por hora).
La obra comprende la construcción de 17 puentes, 21 viaductos, tres túneles y seis intercambiadores, de tal manera que se reduce la amenaza geológica, es menor la complejidad del proyecto y disminuye el tiempo de construcción (se haría en tres o cuatro años). También baja el impacto ambiental. A partir de la población de Guaduero se previó continuar con el trazado alternativo que inicialmente había propuesto la firma Commsa hasta el sitio denominado 'Y' de Ciénaga.
De acuerdo con el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego Henao, en los próximos días se resolverá el cierre financiero, de tal manera que los prepliegos estén listos en la última semana de septiembre y a mediados de noviembre se iniciaría la apertura de la licitación internacional para todo el proyecto.
"De abrir la licitación en noviembre, con todas las definiciones previstas, el proyecto podría estar iniciando obra en el 2010. Estamos resolviendo el cronograma de ejecución para un proyecto de esta naturaleza, pues es de mil kilómetros de dobles calzadas y discurre por zonas complejas", agregó Gallego Henao.
Los estudios técnicos contratados por la CFI, brazo financiero para el sector privado del Banco Mundial, se encargarán de establecer el plazo que en promedio tardará la construcción de todo el proyecto de la Ruta del Sol. Se calcula que demandaría entre ocho y diez años.
"El corredor seleccionado como línea base de la licitación tuvo buena acogida, unidad de criterio del mercado y de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Es el proyecto más importante de competitividad para el país", señaló el Ministro de Transporte.
Por su parte, el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo Ferrer, destacó el mecanismo utilizado para definir el proyecto. El análisis de las alternativas que existían al respecto incluyó los corredores previamente identificados a lo largo de la última década, entre otros el propuesto por el Invías en los años noventa, el corredor alternativo de Commsa y el trazado con viaductos sobre el Cañón del río Negro que proponía el Ministerio de Transporte.
"El corredor que se definió es importante porque finalmente evade de manera más seria los riesgos en materia geológica y facilita la construcción de la vía. Parase ser el más conveniente para el país", dijo el directivo gremial.
Cabe mencionar que el equipo de consultores técnicos de la IFC está conformado por la empresa española de ingeniería Euroestudios, la firma inglesa de ingeniería de transporte Steer Davies & Gleave, la empresa colombiana Incoplan, especializada en estudios socio-prediales y el consorcio colombo-español Ambiental Consultores-TAU-Sánchez Herrera.
Siguen quejas de accionistas minoritarios de empresas diferentes a Ecopetrol por pagos de dividendos
19 de Agosto de 2008
Pese a que no hay cifras concretas, se estima que un 30 por ciento de las querellas recibidas por los comisionistas es por ese concepto.
Las propias firmas corredoras advierten que los reclamos obedecen más al desconocimiento del mercado por parte de los clientes que por errores de esas entidades o las empresas emisoras. Reconocen, eso sí, que hay ineficiencias a la hora de explicarles a sus clientes la manera como opera el sistema bursátil. "Estamos dando por hecho que el cliente sabe cómo funciona este mercado y no le explicamos bien las condiciones de los negocios.Por eso varios de ellos llegan a presentar sus reclamos, especialmente cuando ven que sus acciones u otras inversiones se desvalorizan", dice el abogado de una firma comisionista que pidió omitir su nombre y el de su entidad. Advierte que el desconocimiento del mercado de valores no se da solamente entre el ciudadano común, sino entre las autoridades judiciales que deben resolver algunos casos específicos. "A los jueces y fiscales debemos explicarles paso a paso cómo funciona el mercado porque en la mayoría de casos no entienden absolutamente nada de este negocio", dice el abogado. Señala que las quejas de los clientes aumentan en la medida en que los portafolios registran pérdidas como las ocurridas este año por la volatilidad de los mercados. Funcionarios de otras firmas corredoras explican que muchos accionistas creen que sus dividendos se les giran de manera automática, cuando en realidad deben cumplir con algunos trámites para que el dinero les llegue a sus bolsillos. El presidente de la Asociación de Comisionistas de Bolsa (Asobolsa), Emilio José Archila, dice que el gremio es consciente del desconocimiento de los usuarios sobre el sistema bursátil, y señala que las firmas corredoras están muy interesadas en tomar los correctivos del caso "porque los clientes son el principal activo del negocio".Ecopetrol cambió en panorama
Con respecto al tema de Ecopetrol, el presidente de Asobolsa, Emilio José Archila, dice que las quejas no son contra las firmas comisionistas, sino contra los establecimientos comerciales afiliados a Fenalco que vendieron acciones de la petrolera sin tener la infraestructura necesaria que exige el mercado de valores. Dice que las sociedades comisionistas manejan portafolios de unos 500.000 clientes y nunca se había tanta inconformidad hasta que apareció el tema de Ecopetrol, especialmente de personas que compraron acciones de la petrolera en cadenas de supermercados. Por su parte, Fenalco ha señalado que no entiende por qué las dudas de los comisionistas sobre el papel del comercio en las ventas de las acciones de Ecopetrol no se expresaron en su momento y solo surgieron después del proceso de democratización de la gigante petrolera.
Pese a que no hay cifras concretas, se estima que un 30 por ciento de las querellas recibidas por los comisionistas es por ese concepto.
Las propias firmas corredoras advierten que los reclamos obedecen más al desconocimiento del mercado por parte de los clientes que por errores de esas entidades o las empresas emisoras. Reconocen, eso sí, que hay ineficiencias a la hora de explicarles a sus clientes la manera como opera el sistema bursátil. "Estamos dando por hecho que el cliente sabe cómo funciona este mercado y no le explicamos bien las condiciones de los negocios.Por eso varios de ellos llegan a presentar sus reclamos, especialmente cuando ven que sus acciones u otras inversiones se desvalorizan", dice el abogado de una firma comisionista que pidió omitir su nombre y el de su entidad. Advierte que el desconocimiento del mercado de valores no se da solamente entre el ciudadano común, sino entre las autoridades judiciales que deben resolver algunos casos específicos. "A los jueces y fiscales debemos explicarles paso a paso cómo funciona el mercado porque en la mayoría de casos no entienden absolutamente nada de este negocio", dice el abogado. Señala que las quejas de los clientes aumentan en la medida en que los portafolios registran pérdidas como las ocurridas este año por la volatilidad de los mercados. Funcionarios de otras firmas corredoras explican que muchos accionistas creen que sus dividendos se les giran de manera automática, cuando en realidad deben cumplir con algunos trámites para que el dinero les llegue a sus bolsillos. El presidente de la Asociación de Comisionistas de Bolsa (Asobolsa), Emilio José Archila, dice que el gremio es consciente del desconocimiento de los usuarios sobre el sistema bursátil, y señala que las firmas corredoras están muy interesadas en tomar los correctivos del caso "porque los clientes son el principal activo del negocio".Ecopetrol cambió en panorama
Con respecto al tema de Ecopetrol, el presidente de Asobolsa, Emilio José Archila, dice que las quejas no son contra las firmas comisionistas, sino contra los establecimientos comerciales afiliados a Fenalco que vendieron acciones de la petrolera sin tener la infraestructura necesaria que exige el mercado de valores. Dice que las sociedades comisionistas manejan portafolios de unos 500.000 clientes y nunca se había tanta inconformidad hasta que apareció el tema de Ecopetrol, especialmente de personas que compraron acciones de la petrolera en cadenas de supermercados. Por su parte, Fenalco ha señalado que no entiende por qué las dudas de los comisionistas sobre el papel del comercio en las ventas de las acciones de Ecopetrol no se expresaron en su momento y solo surgieron después del proceso de democratización de la gigante petrolera.
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